La reciente implementación de una nueva ley en Florida, que próximamente se ejecutará también en Texas, encendió la polémica sobre la privacidad y los derechos de los migrantes en los Estados Unidos.
Según reportes de los medios locales, esta ley, que obliga a los hospitales a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio, ha causado preocupación entre las comunidades inmigrantes.
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La medida, parte de un paquete más amplio de políticas de inmigración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca recopilar datos sobre el estatus legal de los pacientes que utilizan servicios médicos financiados por el estado, como Medicaid.
La ley ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de la salud pública, quienes argumentan que podría disuadir a los migrantes de buscar atención médica necesaria. De hecho, ya se habría documentado algunos casos.
A pesar de que los hospitales están obligados a informar a los pacientes que sus datos no serán compartidos con las autoridades de inmigración, el miedo y la desconfianza persisten.
Stephanie Garris, directora general de Grace Medical Home, señaló que muchos pacientes siguen temerosos de acudir a los hospitales, lo que podría tener consecuencias graves para su salud.
TEXAS ES MÁS RIGUROSO
Texas, siguiendo el ejemplo de Florida, anunció que implementará una ley similar a partir del 1 de noviembre.
El gobernador de dicha entidad, Greg Abbott, ha defendido la medida, argumentando que los texanos no deberían cargar con los costos de la atención médica para inmigrantes ilegales.
Sin embargo, a diferencia de la ley de Florida, la legislación de Texas no requiere que los proveedores informen a los pacientes que su estatus migratorio no será compartido con las autoridades.
Ambos estados tienen una alta población de migrantes, incluyendo aquellos sin permiso legal, solicitantes de asilo y familias de estatus mixto.
La tasa de personas sin seguro médico en Florida y Texas es más alta que el promedio nacional, y las investigaciones han demostrado que los migrantes tienden a utilizar menos servicios y gastar en atención médica.
En consecuencia, los críticos de estas leyes argumentan que podrían exacerbar las disparidades en el acceso a la atención médica y aumentar los costos a largo plazo debido a la falta de atención preventiva.
Texas pondrá a prueba la ley para los hospitales inscritos en los planes de salud estatales, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (Programa de Seguro Médico para Niños). Entrará en vigor el 1 de noviembre, justo antes del final de una elección presidencial en la que la migración es un tema clave.
