La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, reforzó su estrategia de presión sobre Nicolás Maduro, con el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio.
De acuerdo con medios estadounidenses citando a Rubio, Trump ha decidido no renovar la licencia de Chevron en Venezuela. Se trata de una medida que busca limitar los ingresos del chavismo y acelerar una transición democrática.
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Esta decisión ha generado tensiones dentro de su propio equipo, con figuras como Richard Grenell «argumentando» que mantener la licencia podría facilitar la liberación de presos políticos y evitar una mayor influencia china en el país.
El sector petrolero venezolano, ya debilitado por años de sanciones y mala gestión, enfrenta un nuevo golpe con la expiración de la licencia de Chevron.
La producción conjunta con empresas chinas ha disminuido en los últimos años, y la falta de inversión extranjera agrava la crisis energética.
Sin embargo, el equipo de Trump sostiene que cualquier ingreso adicional para Maduro solo fortalecería su capacidad de represión interna. Así justificaron la decisión de cortar estos lazos comerciales.
En el ámbito político, la oposición venezolana ha encontrado en la estrategia de Trump un respaldo clave para sus esfuerzos de cambio.
Legisladores estadounidenses como Carlos Gimenez, Mario Diaz-Balart y María Elvira Salazar han apoyado la postura de Rubio, argumentando que reducir los ingresos del régimen es esencial para debilitar su control sobre el país.
A juicio de las autoridades en EEUU la presión internacional, combinada con el descontento interno, ha generado un clima de incertidumbre para Maduro, que enfrenta crecientes dificultades para mantener su influencia.
A pesar de la ofensiva diplomática de Trump, algunos sectores advierten sobre los riesgos de esta estrategia. La falta de ingresos petroleros podría profundizar la crisis humanitaria en Venezuela, afectando a la población más vulnerable.
Además, la influencia de China en la región sigue siendo un factor a considerar, aunque informes técnicos han minimizado su impacto en la industria petrolera venezolana.
Lo cierto, es que muchos analistas consideran que la administración republicana deberá equilibrar sus objetivos políticos con las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones.
