El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la noche del sábado que los reclusos de la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón, enfrentan un grave problema de suministro de agua potable, al punto incluso de suplicar a gritos por acceso a este líquido.
En una publicación en redes sociales, el OVP compartió videos donde se escucha a la población penitenciaria gritar: «¡Queremos agua, no tenemos agua!».
«Son 1700 personas privadas de libertad que se encuentran bajo la custodia del Estado en este establecimiento penitenciario, quienes hoy sufren las graves consecuencias de las fallas en el suministro de agua potable», señaló la organización.
"Queremos agua, no tenemos agua", eran los gritos que se escuchaban en las adyacencias de la Comunidad Penitenciaria de Coro, ubicada en el estado #Falcón.
Son 1700 personas privadas de libertad que se encuentran bajo la custodia del Estado en este establecimiento… pic.twitter.com/ewdGQ3D7sP
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 14, 2026
En ese sentido, mencionó que dicha crítica situación la expusieron los familiares de los reos, quienes alertaron que la población reclusa carece del agua para su consumo e higiene básica, dejando a varios de ellos «en riesgo de deshidratación».
Asimismo, los allegados de los reclusos de la Comunidad Penitenciaria de Coro denunciaron una severa crisis alimentaria. «Lo único que reciben para comer es arroz solo o granos, raciones insuficientes que no cubren los requerimientos nutricionales ni la ingesta calórica mínima para garantizar una vida digna y la salud de las personas», acotó.
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Por lo anterior, el OVP recordó que el Ministerio para el Servicio Penitenciario «tiene la obligación ineludible de garantizar el acceso continuo al agua potable y a una alimentación adecuada para cada persona recluida».
«Privar a la población penal de bienes tan elementales para la supervivencia constituye un trato cruel, inhumano y degradante, además de representar una grave violación a sus derechos humanos fundamentales», demandó.
Desde el observatorio exhortaron al ministro Julio García Zerpa a «escuchar» el clamor de la población penal y atender «con urgencia las condiciones de reclusión en cada recinto penitenciario del país».
De igual forma, instaron al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a «cumplir con su mandato constitucional de velar por los derechos humanos».
«Deben trasladarse de manera inmediata hasta la Comunidad Penitenciaria de Coro para constatar estas condiciones e iniciar una investigación independiente e imparcial. Ya basta de ser cómplices de estas irregularidades que afectan a toda la población reclusa», concluyó el escrito.