Omaira Bello, una abuela que resultó damnificada en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio, se encadenó el sábado en la puerta de su departamento en la Torre 1 de las residencias OPS, en Los Salias, estado Miranda, para exigir la devolución de su inmueble.
La propietaria recurrió a esta acción para exigir el retorno de la vivienda tras denunciar incumplimiento de contrato por parte de los inquilinos. Dicha protesta surgió luego de que los ocupantes acumularan 11 meses de impago del alquiler. Además, los residentes se niegan a abandonar la vivienda a pesar de las notificaciones formales recibidas.
La querella escaló a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), ente que libró tres citaciones. Sin embargo, la inquilina ignoró los llamados valiéndose de sus conocimientos jurídicos para evadir los requerimientos administrativos.
Al agotarse la vía conciliatoria, el caso pasó a los juzgados locales. Aun así, la afectada rechazó los tiempos del Poder Judicial por considerar que «los lapsos procesales del sistema judicial pueden demorar hasta 12 meses adicionales», una espera inaceptable para su delicada condición social tras perder su otra vivienda en el litoral.
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La dueña perdió su hogar original durante los movimientos telúricos en La Guaira y actualmente vela por su madre de 88 años. «Yo realmente necesito mi vivienda porque estamos damnificadas. Somos personas de la tercera edad y mi mamá tiene 88 años. No es justo», manifestó.
La damnificada acotó que las personas atrincheradas mantuvieron conductas conflictivas durante el proceso legal y entorpecieron los pasos institucionales orientados a resolver la disputa inmobiliaria.
Por lo anterior, Omaira Bello llamó a los organismos competentes y al fiscal general para que aborden dicho caso y garanticen sus derechos y los de otros adultos mayores que reclaman la restitución de viviendas.