La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ratificó su solicitud para derogar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017.
Durante el encuentro con los medios, los voceros gremiales fijaron posición frente al proceso de consulta pública que adelanta la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reforma parcial de dicha normativa.
El presidente del CNP, Tinedo Guía, sostuvo que el instrumento legal no admite modificaciones ni puntos intermedios, ya que su propia existencia vulnera garantías fundamentales consagradas en la Constitución, tales como el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información.
«Si el periodista no actúa con total libertad, no tenemos democracia», dijo.
UNA «MUTACIÓN DEL CASTIGO»
Guía alertó que el texto de reforma propuesto representa una «mutación del castigo» y no un avance hacia las libertades democráticas.
Explicó que, aunque el proyecto plantea eliminar las penas privativas de libertad, conserva conceptos jurídicos amplios y discrecionales como «zozobra», «angustia» u «hostigamiento», que permiten seguir criminalizando el ejercicio del periodismo y la crítica ciudadana.
Asimismo, se denunció que sustituir la cárcel por multas desproporcionadas, bloqueos de portales digitales, retiro inmediato de contenidos y cierres o revocatorias de concesiones a medios de comunicación solo reconfigura los mecanismos de censura.
A juicio de la institución, estas medidas administrativas comprometen la sostenibilidad económica de los trabajadores de la prensa y la continuidad operativa de los medios independientes.
EXIGEN DEROGAR LA LEY
Por su parte, Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, reiteró un pliego de exigencias dirigido tanto al Poder Legislativo como al Judicial como son: solicitar a la Asamblea Nacional la derogación total de la ley y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaratoria de nulidad de un instrumento que consideran contrario a los derechos humanos.
«Exigimos la libertad plena para todos los ciudadanos y periodistas privados de libertad por el ejercicio de sus derechos, así como el sobreseimiento de las causas abiertas, el levantamiento de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales derivados de esta ley», dijo.
El CNP reafirmó que se mantendrá en sesión permanente, junto a otras organizaciones gremiales y defensores de derechos humanos, para vigilar el desarrollo del debate parlamentario y defender el libre ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional.