Funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP), adscritos a la Base Cagua del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), practicaron la detención de Víctor Canelón, de 56 años de edad, por su presunta vinculación en hechos de abuso contra adultos mayores que residen en la Casa Hogar Padre Machado, ubicada en La Victoria, municipio José Félix Ribas.
De acuerdo con la información policial difundida sobre el procedimiento, la aprehensión se llevó a cabo tras las labores de investigación adelantadas por los efectivos de seguridad en torno a las irregularidades denunciadas dentro del centro geriátrico situado en la entidad aragüeña.
Al detenido lo trasladaron a la sede policial y puesto a la orden del Ministerio Público, instancia que continuará con las diligencias de ley.
UN REFLEJO DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
El caso ocurrido en Aragua sale a la luz en medio de un crítico panorama para la población de la tercera edad en Venezuela, marcada por la desprotección económica, el abandono familiar derivado de la migración y las carencias operativas en las instituciones de cuidado.
De acuerdo con monitoreos realizados por organizaciones como la asociación civil Convite, se estima que más del 75 % de los adultos mayores en el país se encuentra en situación de vulnerabilidad severa o extrema, mientras que entre 350.000 y 420.000 personas mayores viven completamente solas, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de aislamiento, negligencia y maltrato.
A esta fragilidad social se suma una profunda brecha económica, ya que la pensión oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) permanece anclada en 130 bolívares mensuales —una fracción de dólar—, complementada por bonificaciones estatales a través del Sistema Patria que resultan insuficientes para cubrir la canasta alimentaria o tratamientos médicos continuos.
Asimismo, gran parte de las casas hogar y ancianatos del país, muchos gestionados por fundaciones religiosas o iniciativas privadas con escaso respaldo presupuestario, operan en condiciones precarias, dependiendo casi exclusivamente de donaciones ciudadanas para garantizar insumos básicos, alimentación y atención geriátrica.
Aunque a principios de noviembre de 2026 el Ejecutivo Nacional oficializó el Reglamento de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, defensores de derechos humanos advierten que persiste una urgente necesidad de supervisión efectiva, financiamiento y políticas públicas que garanticen la integridad física y una vida digna a este sector de la población.

