La policía de Argentina detuvo a un bioquímico de 71 años en Esquel, provincia de Chubut, tras descubrir que tenía cautivos a su pareja y a sus tres hijos dentro de su propia casa.
El operativo se activó después de que los vecinos alertaran a las autoridades sobre el encierro y el aislamiento absoluto en el que vivía la familia.
El rescate ocurrió el jueves 22 de octubre, cuando los uniformados irrumpieron en la propiedad y escucharon gritos pidiendo auxilio desde el interior. Las víctimas estaban encerradas y separadas en diferentes habitaciones de la vivienda, enfrentando una situación extrema de vulnerabilidad, al punto que estaban desnutridos y no sabían ni leer.
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De acuerdo con medios argentinos, los menores tenían 13, 17 y 19 años. Aunque el detenido se promocionaba en redes como médico e investigador e incluso publicó supuestos tratamientos alternativos durante la pandemia del Covid-19, no posee una matrícula médica vigente registrada a nivel nacional.
Su defensa argumentó que el aislamiento respondía a un supuesto «refugio» derivado de persecuciones contra sus investigaciones, por lo que se presume que el hombre ha podido estar experimentando con sus familiares.
Inmediatamente después del procedimiento, los profesionales trasladaron a la mujer y a los menores a un lugar seguro para brindarles asistencia médica y psicológica integral. Los organismos de protección también activaron un seguimiento especializado para cuidar su integridad y restituir sus derechos.
DENUNCIA CIUDADANA ALERTÓ A LAS AUTORIDADES
Todo comenzó el pasado 10 de octubre, fecha en la que los habitantes del barrio presentaron una denuncia formal ante la falta total de contacto social de los niños. Los vecinos escuchaban gritos alarmantes dentro de la vivienda y decidieron actuar para frenar el peligro constante que percibían en el lugar.
Ante esta alerta, la Policía Comunitaria intentó hablar con los moradores el 20 de octubre, pero el sospechoso impidió cualquier acercamiento. Paralelamente, el Servicio de Protección de Derechos redactó un informe urgente que confirmó el altísimo riesgo que corrían los menores.
Como el dueño de la casa se negó rotundamente a abrir la puerta, el Ministerio Público Fiscal pidió una orden judicial de allanamiento de urgencia. Esa autorización permitió la entrada de los agentes, la liberación de la familia y el arresto inmediato del acusado.
La fiscalía imputó preliminarmente al hombre por abandono de persona agravado por el vínculo y por privación ilegítima de la libertad. Los investigadores seguirán recolectando pruebas para esclarecer cada detalle de este caso de violencia familiar.
Por último, la justicia decidió mantener bajo estricta reserva la identidad de las víctimas para preservar la intimidad de los niños involucrados. El proceso judicial continúa avanzando mientras se define la situación procesal del detenido.