El fiscal general Tarek William Saab anunció una investigación sobre la comisión parlamentaria designada por la oposición para administrar los activos de la nación.
«El Ministerio Público designó a las fiscalías 67 Nacional y 94 Nacional para investigar y sancionar delitos de corrupción vinculados al nombramiento ilegal de una fantasmagórica ‘comisión parlamentaria’ impuesta para el robo de activos de Venezuela en el exterior», señaló.
#AHORA el @MinpublicoVEN designó a las #fiscalías 67 Nac y 94 Nac para #investigar y #sancionar #delitos de corrupción vinculados al nombramiento ilegal de una fantasmagórica “comisión parlamentaria” impuesta para el robo de activos de Venezuela en el exterior. pic.twitter.com/LNyWWcrp3L
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 6, 2023
¿A QUÉ SE DEBE LA INVESTIGACIÓN?
Recientemente, el bloque parlamentario electo en 2015 conformado por Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo tiempo anunciaron la creación de un «Gobierno Parlamentario». A través de esta entidad planean administrar los activos venezolanos en el exterior.
La Asamblea Nacional de 2015 quedó presidida por la diputada de Primero Justicia, Dinorah Figuera. La primera ley aprobada fue la autorización de fondos para el Estatuto de Transición.
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En esta línea el G3 accedió a un fondo de hasta $52 millones. Según los fondos estarían destinados a:
- Gastos para la defensa y el fortalecimiento del Poder Legislativo Nacional y la Protección Social de sus integrantes
- La protección y defensa de la democracia
- Gastos de funcionamiento del Consejo de Administración y Protección de Activos, de la Junta AD-hoc del Banco Central de Venezuela y de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Por otro lado, crearon un «Consejo de Administración y Protección de Activos».
«Además, le corresponde a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada la contratación de las empresas que deban auditar la administración de los bienes y recursos públicos por parte del Consejo de Administración y Protección de Activos, para garantizar la transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos», indicaron.
