La justicia de Trinidad y Tobago ordenó al Estado pagar 385.000 dólares a 29 migrantes venezolanos que ingresaron a ese país irregularmente y pasaron por una detención «inhumana y degradante».
La jueza Carol Gobin emitió la orden la semana pasada, pero se hizo pública este lunes. Previamente, el gobierno cedió en la impugnación judicial y las autoridades dictaron la sentencia en contra de la Procuraduría General.
«Si el objetivo de sus medidas enérgicas, redadas e intervenciones migratorias era disuadir a los inmigrantes ilegales y hacer cumplir la ley, entonces la falta de seguimiento por parte del ministro de sus esfuerzos bien podría estar socavando sus esfuerzos», dijo la jueza.
La jueza precisó que el gobierno trinitario tendrá que entregar 281.600 dólares a los 16 menores de edad que fueron detenidos. Por su parte, los 13 adultos recibirán 104.000 dólares como compensación.
CONDICIONES DEGRADANTES
Los migrantes fueron detenidos en julio de 2020 y liberados el 17 de agosto del mismo año. La División de Inmigración los puso bajo órdenes de supervisión, pero luego el caso llegó hasta las manos de la justicia.
La jueza indicó que la detención de los migrantes era «inevitable», puesto que ingresaron ilegalmente. Sin embargo, hubo un retraso de 14 días en los que vivieron en terribles condiciones en dos comisarías.
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«Para los niños fue sencillamente cruel», indicó, puesto que estaban con sus madres en los pasillos de una comisaría, sin privacidad o higiene. Mientras tanto, los hombres estaban en otra instalación dentro de celdas oscuras y calurosas.
Esta es la primera vez que la justicia de ese país toma una medida para compensar a migrantes maltratados. Asimismo, la jueza subrayó que la política migratoria es competencia del gobierno y debe proteger los derechos humanos.
