El gobierno de Maduro no podrá acceder a los más de 8.900 testimonios que enviaron las víctimas de crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional (CPI), luego que esa instancia rechazara tal solicitud hecha por el chavismo.
El Estado pidió esta semana a la CPI poder replicar los más de 8.900 relatos. Ello implica que sabrían la identidad de las personas afectadas. No obstante, la corte rechazó esa solicitud y dejó claro que son de estricta confidencialidad.
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Ese tribunal explicó que toda esa información se transmite exclusivamente a la Sala y ninguna otra entidad puede acceder a ella.
«La Fiscalía y el gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, videos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre. Las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia», precisaron.
En otro apartado de la petición, el gobierno de Maduro solicitó que se le otorgue plazo hasta el 30 de mayo. Esto, para «responder» a los testimonios, reseñó El Nacional.
NUEVO REVÉS DEL CHAVISMO
Este nuevo revés del chavismo llega justo después que condicionaran la vuelta a la mesa de diálogo de México con la suspensión de la investigación de la CPI, luego que esa instancia desestimara los alegatos del gobierno de Maduro para frenar ese proceso.
La semana pasada, la CPI rechazó los nuevos argumentos al considerar que no son suficientes las medidas de justicia adoptadas. Por el contrario, aseguraron que el Estado no tiene voluntad de judicializar genuinamente los crímenes de lesa humanidad.
La corte destacó que 8.900 víctimas respaldaron que siga la investigación. En ese contexto, el fiscal Karim Khan retomó el proceso en noviembre pasado. Este paso estuvo a cargo de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés).
Esa recopilación arrojó una participación masiva de los afectados. «La VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 vídeos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 vídeos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones», señaló dicho tribunal internacional.
